Como si se tratara de una oficina de las ilusiones, cada mañana, cientos de mexicanos que ven en la figura presidencial la única solución a sus problemas acuden a Palacio Nacional. Esta serie de retratos refleja a los ciudadanos olvidados por el poder en México.
Por Duilio Rodríguez y María Fernanda Ruiz
Ciudad de México, 18 de mayo (Pie de Página/SinEmbargo).– Son miles de hombres y mujeres, viejos, jóvenes, madres, padres, hijos, indígenas, invidentes, campesinos, amas de casa, trabajadoras sexuales, abogados, electricistas, policías, artesanas, ingenieros, desempleados, comerciantes. Todos, mexicanos. Y todos con esperanza de resolver sus problemas.
Asuntos que pudieron ser resueltos hace años, que debieron ser atendidos con prontitud por las autoridades, casos estancados por cientos de trámites burocráticos, idas y vueltas a oficinas estatales o federales, firmas, sellos de recibido. Las respuestas de siempre: venga mañana, ya cerramos, le faltan dos copias, espere, espere, espere.
Esta vez esperan que sea diferente. Cada una de las cartas ciudadanas dirigidas a Andrés Manuel López Obrador es una petición o una propuesta a su gobierno, la suma de todas ellas es un reflejo de la compleja realidad del país.
Las expresiones vertidas por el Presidente, sobre que las cosas ya cambiaron, que primero van los de abajo, los pobres, y su cercanía con la gente, parecen convencer a quien lo necesita de que ahora sí serán atendidos; tienen la ilusión de que sus palabras no serán archivadas en un cajón destinadas al olvido.
Diariamente unas 400 personas hacen fila en la oficina de atención ciudadana del Palacio Nacional, desde las seis de la mañana y hasta las tres de la tarde. Una enorme puerta de madera, sobre la calle de Moneda en el Centro Histórico se abre para que un grupo de trabajadores del gobierno federal escuche y canalice a las dependencias correspondientes problemas de toda índole: de salud, laborales, económicos, agrarios, judiciales, de derechos humanos.
Los visitantes en su mayoría son de barrios o comunidades marginados de todas partes de México. Es tanta la afluencia, que los ciudadanos que acuden esperan entre 2 y 3 horas para ser atendidos. Nada comparado con el tiempo -a veces años, a veces, décadas-, que algunos han tenido que esperar para al menos ser escuchados por su gobierno.
En los 5 meses que lleva la presente administración, la oficina de atención ha recibido y canalizado más de 50 mil cartas.
“Todas las peticiones que le llegan al Presidente, nos hablan de lo que se vive día a día en este país que durante tantos años sufrió tanto abandono por parte del Estado”, dice Emília Cano, socióloga que labora en la oficina.
La coordinadora del área, Leticia Ramírez, asegura que todos los casos son importantes, que a todos les dan seguimiento y que tienen la obligación de responder a cada uno, y si bien no todos los casos se resuelven satisfactoriamente, al menos se van con una respuesta.
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Mardonio Humberto Díaz Martínez
Agricultor de flores de ornato. Santiago Oxcotitlán, Estado de México.
Mardonio va a pedirle al Presidente que le regresen su nombre. Se dedica a la agricultura, siembra plantas de ornato. Se llama Mardonio Humberto Díaz Martínez, pero en el padrón de bienes comunales de Santiago Oxcotitlán donde vive aparece sólo como Humberto Díaz Martínez. La falta de atención a su caso y la petición de 50 mil pesos por parte de funcionarios de la Procuraduría Agraria de Tenancingo para supuestamente solucionarle su problema de identidad lo han orillado a escribirle una carta al Presidente de México.
Mardonio es un hombre corpulento, de voz grave, que habla en voz alta, por momentos parece que está gritando, viene a denunciar a los funcionarios que desconocen su personalidad jurídica.
En la carta que le dirige al Presidente explica el problema por el que atraviesa y agrega que confía en que con el nuevo gobierno haya cambios.
“Le tengo confianza a López Obrador para combatir a los corruptos, sacar a los ratas del gobierno, lo sigo desde que era Presidente del PRD, se salió del partido y lo seguí, lo sigo a donde vaya, le tengo mucha confianza, mucha”, dice casi a gritos.
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Erika Ivonne
Trabajadora sexual transgénero. Ciudad de México.
Su escrito es para pedirle al Presidente que se retracte en su idea de quitarle dinero a las organizaciones de la sociedad civil y ayudarle a que haga un trabajo eficiente.
“¿Cómo es posible que le dé tanto dinero al béisbol porque eso sí le gusta, y a las asociaciones civiles de la salud nos quite el dinero?”, cuestiona.
Erika no para de hablar, hace plática a todos los que se le acercan. Mientras espera su turno, se le escucha habla fuerte y se queja de una mala atención, que no puede entender cómo es que una oficina que recibe tanta gente atienda sólo hasta las tres de la tarde, que en otros lugares como Conasida y la Secretaría de Salud el trámite es muy ágil: reciben, sellan escritos y listo, pero que aquí es muy tedioso, no cuentan con personal suficiente.
“Si el Presidente no nos atiende, nosotras estamos bien organizadas como sociedad civil para ver cómo hacemos para que nos lleguen los recursos, el escrito es para no tener que tomar acciones como las del pasado, cerrar calles, de tener que llegar a los golpes y la violencia”.
Erika explica que los recursos de su asociación civil son utilizados para atender a un público al que no le llegan recursos gubernamentales de otra forma, para hacer pruebas de VIH o sífilis, y ayudar a las sexoservidoras.
“Cómo se atreve a decir que todos son rateros, es como decir que todos los presidentes son unos pendejos, porque todos han robado, entonces él entraría dentro de esto”.
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José Luis Munguía
Suboficial de la Policía Federal. Ciudad de México.
Uniformado de policía, un hombre de mediana estatura, pelo corto, espera paciente su turno en la fila de atención ciudadana, entre sus brazos sostiene un folder sencillo de cartón.
José Luis explica que es suboficial de la Policía Federal y que viene a entregar al Presidente de México una propuesta que mejore la seguridad nacional. Se rehúsa a dar más detalles de su carta, asegura que su escrito es confidencial y que busca tener una audiencia directa con el Presidente.
“Es una propuesta mía, con base en algo que ya existe, pero le estoy dando otra perspectiva que estoy seguro que va a funcionar”, dice misterioso.
En el área donde trabaja dentro de la policía, cuenta, lo han alentado a presentar su propuesta, por esta razón es que se encuentra confiado que será recibido.
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Alicia Ramírez Morales
Ama de casa. Ecatepec de Morelos, Estado de México.
El hijo de Alicia Ramírez era el comandante Abel García de la Policía Municipal en Ecatepec de Morelos, hasta que fue detenido y llevado al Centro de Readaptación Social de Chiconautla hace ocho años, acusado de un doble homicidio. Y desde entonces no ha recibido una sentencia.
Alicia sólo busca justicia: “A mi hijo no le han dado sentencia en 8 años por que no encuentran pruebas contundentes que lo incriminen”. La mujer asegura que se probó con peritos que el arma de cargo de Abel, con la que supuestamente asesinó a dos personas, no fue detonada.
Después de ir y venir con abogados defensores del propio penal, un día en su casa escuchó en las noticias que el Presidente López Obrador podía ayudar a las personas que lo necesitaban, no dudó ni un segundo en acudir a él. “Yo sé que mi hijo es inocente, por eso vine con todos los papeles a buscar al Presidente”.
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Eduarda Cipriano Ocaranza, Georgina Fermín Ciprian
Comunidad Llano Grande, Jalisco.
Una mujer guía a su hija invidente hacia uno de los escritorios donde será atendida. La señora Eduarda trae a Georgina con la esperanza de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ayude a encontrar un diagnóstico certero para su ceguera y apoyo económico para que la operen en un hospital de Estados Unidos.
Cuando Georgina tenía 10 días de nacida le empezó a salir pus de los ojos, desde entonces su madre la ha llevado a distinto doctores y hospitales, donde le han dicho que el problema de su hija con la vista no se puede curar, pero ella no piensa lo mismo.
“Me han dicho que mi hija no volverá a ver porque al nacer le cayó un líquido que le despedazó las córneas, pero nosotras venimos aquí para pedir al señor Presidente que nos apoye”, explica, “yo no me doy por vencida, si mi hija dice que algo alcanza a ver, voy a hacer lo que sea para que me la curen”.
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Maria del Carmen Gail Bernabé, Josefina Miguel Ventura
Artesanas. San Ildefonso Tultepec, Amealco, Querétaro.
Patricia Álvarez Blas, Minerva Lorenzo Feliciano
Artesanas. San Antonio de la Laguna, Donato Guerra, Estado de México
Las artesanas Maria del Carmen Gail Bernabé, Josefina Miguel Ventura, Patricia Álvarez Blas y Minerva Lorenzo Feliciano, salieron desde sus comunidades en Querétaro y del Estado de México, otomì y mazahua, respectivamente, a pedir al Presidente que les dé un permiso para vender en la vía pública de Tepozotlán.
Las artesanas quieren vender en la plaza de Tepozotlán porque se trata de un pueblo mágico con afluencia de turistas cosa que en sus comunidades no sería posible puesto que no hay quién compre.
“Tenemos hambre, todas somos pobres, no nos quieren porque al según que somos indias, pero están equivocados porque en este país todos somos indios”, dice Minerva Lorenzo Feliciano.
Las autoridades de Tepozotlan les impiden vender en la plaza con el argumento de que sólo los originarios del pueblo pueden vender. Josefina Miguel Ventura atribuye el impedimento de las autoridades a la discriminación.
“Nosotras queremos vender nuestras cositas, no le hacemos daño a nadie, yo pienso que sí tenemos derecho por ser mexicanas”.
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Ramón Ramírez, Guillermo Legaspi
Técnicos electricistas. Ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Ciudad de México.
Ramón Ramírez y Guillermo Legazpi son ex trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro. Traen un pliego petitorio dirigido al Presidente de la República, que busca entre otras demandas su recontratación y la de miles de compañeros que como ellos fueron despedidos hace 9 años.
El 10 de octubre de 2009 el entonces Presidente Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro la compañía paraestatal que daba servicio de energía eléctrica en el centro del país. Desde entonces 40 mil trabajadores perdieron su empleo y la liquidación a la que tenían derecho por el contrato colectivo de trabajo.
Ramón asegura que en estos años no ha encontrado trabajo debido a que lo han boletinado por haber participado activamente en las protestas en defensa de sus derechos. Explica que él y los trabajadores afectados han recorrido todas las instancias gubernamentales: Secretaría del Trabajo, de Gobernación, de Energía y la Junta de Conciliación y Arbitraje sin obtener aún una respuesta favorable.
“Ahora personalmente me siento confiado por que considero que el Presidente es un hombre fiel a su palabra y hemos encontrado la atención que antes no encontramos.”
En campaña a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador ofreció apoyar a todos los que habían sido despedidos por ese motivo, por lo cual los ex trabajadores de LyF del Centro esperan que cumpla su promesa.
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Raquel Fernández Delgado
Trabajadora de limpieza. Nezahualcóyotl Estado de México.
Raquel Fernández Delgado llora de felicidad. Acudió hace tres meses a la oficina de atención ciudadana, a solicitar al Presidente la revisión del recibo de luz que durante dos años llegaba a su casa con montos inexplicables de hasta 2 mil 100 pesos, lo que representa dos terceras partes de su salario mensual.
A tres meses de que entregara su petición, la oficina de atención ciudadana le informó que en efecto los cobros eran excesivos. Cuando Raquel recibe la noticia explota en llanto y no para de agradecer.
“Gracias a Dios el señor Presidente me escuchó, ya no podía seguir pagando ese dinero, ya se acabó mi sufrimiento”.
Raquel vive con su esposo enfermo en una pequeña casa ubicada en una colonia popular del Estado de México, trabaja por outsourcing, su sueldo mensual es de 3 mil 100 pesos.
Una falla en el medidor de su casa era la razón por la cual le cobraban tales cantidades. A pesar de haber pedido durante años y de forma reiterada a la compañía de luz la revisión de su instalación eléctrica, la respuesta era primero pague y después vemos.
Finalmente su recibo es por la cantidad de 50 pesos, para Raquel esto es suficiente, aunque la Comisión Federal de Electricidad no le devolverá nada de todo lo que ha pagado. “Hoy es uno de los días más felices de mi vida”.
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Óscar Ramírez Delgado
Artista plástico. Ciudad de México.
Óscar no trae una carta, trae una obra pictórica para el Presidente de México, un retrato del benemérito de las Américas que él mismo pintó y que desea regalarle.
Cuando le toca su turno, le dice a la persona que lo atiende que no es la primera vez que le regala un cuadro al “señor Presidente”, que en otra ocasión llevó a la oficina de transición, donde despacha AMLO antes de tomar posesión, un retrato del tabasqueño y que quiere que alguien le informe cuál fue su destino.
“Si no lo han colgado, mejor me lo llevo”, advierte.
Óscar está aquí porque quiere dejar un legado, como en su momento lo hicieron los grandes muralistas mexicanos, Siqueiros u Orozco, pero además, porque comparte la visión pacifista del mandatario: “Estoy aquí trayéndole un cuadro a nuestro señor presidente en honor a sus ideales, que son los mismos que los de Juárez, resumidos en la máxima- entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, y cita el lema que López Obrador ha repetido en innumerables ocasiones.
El joven que lo atiende le pide que lo espere, que va a preguntar cuál fue el destino del primer cuadro. Después de unos minutos regresa para informarle que todos los regalos los ha recibido el presidente, pero que no puede precisarle dónde está su cuadro ahora.
Óscar no parece totalmente satisfecho, duda en dejar esta nueva obra, asegura que no busca lucrar con esto, pero que alguna vez un maestro le dijo que lo mejor que le puede pasar a un pintor es que su obra sea colgada en una pared donde sea apreciada.
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Miguel Méndez Morales
Abogado. Tihuatlan, Veracruz.
El abogado Miguel Méndez Morales representa a un centenar de campesinos de los poblados León García y 20 de Noviembre, pertenecientes al estado de Veracruz, que quieren tierras para sembrar.
Buscan que el Presidente les resuelva una demanda que han hecho a las autoridades federales y estatales desde 1975: que les otorguen 500 hectáreas de tierra que pertenecían a una hacienda y quedaron abandonadas. Las quieren para cultivar naranjas.
El abogado comenta que, desde hace 44 años, las autoridades sólo han resuelto 105 hectáreas de las 210 que le corresponden a la comunidad 20 de Noviembre. En el escrito dirigido al Presidente dice que han luchado contra las autoridades de la Presidencia de la República y de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como del gobierno de Veracruz.
Miguel Méndez dice que como abogado defiende a los pobres y a los campesinos, porque él mismo proviene del campo y que desde hace mucho tiempo ha escuchado en los medios las palabras de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que apoyaría a los campesinos.
“Nosotros acudimos al actual Presidente por que consideramos que es la principal autoridad agraria, confiamos en él por su ideología y su pensamiento, pensamos que es un gran hombre, sobre todo consciente de los problemas de México”.
